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Civil (II)
¡Feliz año nuevo! Espero que hayas entrado en el 2023 con buen pie. Han pasado casi tres meses desde que escribí mi último boletín. Decidí tomarme un descanso pero nunca pensé que me costaría tanto volver a enfrentarme a la página en blanco. En cualquier caso, estamos de vuelta y con las pilas cargadas. Para refrescarte la memoria y orientar a quienes se han suscrito recientemente, este artículo es la continuación de una crítica que escribí hace unos meses hacia el sector de la infraestructura pública, o ingeniería civil. Ese texto trataba de las razones por las que creo que esta rama de la ingeniería necesita una transformación radical para adaptarse a los nuevos tiempos y jugar un papel importante en la transición hacia una cultura sostenible. La crítica, aunque necesaria, es sólo el primer paso, el más fácil. Hoy toca proponer:
- Hay que involucrar a las comunidades, antes y de manera significativa: En el modelo actual, las administraciones públicas y las ingenieras/os planean proyectos en un proceso que puede durar décadas, en el caso de las grandes infraestructuras (presas, aeropuertos, ferrocarriles), desde que se proponen hasta que se ejecutan. Según cada país, la ley obliga a informar y/o consultar con la población acerca del proyecto en determinadas fases. Muy a menudo, la consulta suele ser tarde, irrelevante e infantil. He asistido a reuniones comunitarias en las que el equipo consultor pregunta acerca de cuál de las tres opciones para el diseño del parque o carretera es la preferida. Lamentablemente, suele ocurrir que las tres opciones que te dan a elegir ni siquiera son opciones, sólo son variantes sobre un mismo tema para dar la ilusión de que tienes poder de decisión. En ese momento, las administraciones ya han invertido décadas y millones en estudiar el proyecto (y en usarlo con fines electorales), y ya es demasiado tarde para cualquier cambio significativo. Incluso suele pasar que el presupuesto disponible para la ejecución de la obra ya ha sido prefijado antes de la consulta pública. ¿Realmente ese es el mejor lugar para el parque? ¿Por qué invertir en un nuevo parque en lugar de mejorar los que ya existen en el barrio? Ya es tarde para ese tipo de preguntas. Hay que involucrar a las comunidades antes, desde el momento en que los proyectos son meras propuestas, y darles voz y voto antes de invertir millones y años en estudios de alternativas o diseños preliminares. Las Asambleas Ciudadanas para el Clima en Europa o los Presupuestos Participativos de Barcelona son un buen ejemplo.
- Transparencia radical en los procesos: La inversión pública es pagada con impuestos, y como tal, debe rendir cuenta a la ciudadanía. Cualquier persona debería ser capaz de acceder a cualquier contrato público a través de internet, ver qué ofertas hubo, quién ganó, por qué y cómo la propuesta compara con el resultado (y el presupuesto) final. Las administraciones públicas deberían publicar mensualmente el estado de cada obra pública licitada, explicando por qué una obra no cumple los plazos o el presupuesto, y penalizar a las empresas contratistas que no cumplan los contratos. Todo con lenguaje claro y sencillo. El ejemplo más universal y reciente es la pandemia, con el seguimiento y publicación de información con lenguaje accesible en tiempo real. Las herramientas digitales actuales permiten todo esto, sólo falta el compromiso por parte de los gobiernos.
- Alinear las inversiones en infraestructura con los objetivos de impacto social y sostenibilidad: Más allá de hacer obras por inercia, intereses políticos o económicos, necesitamos que las inversiones en infraestructuras sean coherentes con los objetivos sociales, ambientales y económicos de una comunidad o país. Cada obra civil, por su magnitud y su huella ecológica, representa una gran oportunidad para avanzar (o alejarnos) en la transición hacia una sociedad más justa y sostenible. Las infraestructuras necesitan ser evaluadas de acuerdo a indicadores que muestren su necesidad, cómo benefician a la sociedad y su coherencia con los planes de acción climática. Casi todos los países tienen, o dicen tener, un plan para conseguir un balance de cero emisiones en un futuro más o menos cercano. Muchos de esos países siguen planeando y construyendo infraestructuras que les alejan de ese objetivo, como ampliaciones de aeropuertos o apertura de áreas naturales al desarrollo urbanístico. Las administraciones tienen que romper esta inercia de inversión pública basada en anticuados modelos desarrollistas y asumir que los efectos del cambio climático, ya aquí presentes, requieren nuevas infraestructuras, descentralizadas, más versátiles, más adaptativas, más verdes. Las/os profesionales de la ingeniería tienen que entender que “no hacer” también es una opción, y que la demolición de infraestructuras va a tener más glamur que cualquier proyecto estrella.
Gracias por seguir leyendo. Ya se han cumplido dos años desde que inicié este proyecto y tengo una larga lista de temas por abordar en los próximos meses. Nos vemos en dos semanas.
Hasta pronto,
Jose
(Español más arriba)
Civil (II)
Happy New Year! I hope you are off to a good start. It has been almost three months since I wrote my last newsletter. I decided to hit pause but I never expected it would be so hard to get back to it. Anyways, we are back in business. Just to refresh your memory and provide context to new subscribers, this article is the second part of a critique I wrote a few months ago about the public infrastructure sector, aka civil engineering. That text explained the reasons why I think civil engineering must undergo a radical transformation to adapt to our times and play an important role in the transition to a sustainable culture. To criticize, although necessary, is just the first step, the easy one. Today I am proposing alternatives:
- Communities must be engaged, earlier and more meaningfully: In the current model, public administrations and engineers plan projects in a process that can take decades, in the case of large infrastructure (dams, airports, railroads), from the moment they are proposed to the implementation. Each country has different regulations, but generally governments are legally required to inform and/or consult with their communities at specific project phases. Frequently, this public consultation happens way too late, is irrelevant and childish. I have been to several community meetings where a consulting team asks questions about which one of the three options you prefer for the design of a park or a road. Unfortunately, most of the times the three choices you are given are not even options, just slight variations of the same topic, only to give you the impression you have a say. By then, governments have already spent decades and millions on studying (and capitalizing electorally) the project and it is already too late for any significant change. They even tend to have a fixed allocated budget ahead of the consultation. Is this the best place for the park? Why are we investing on a new park instead of improving the existing parks in our neighbourhood? It is too late for that kind of questions. Communities must be involved earlier, when projects are just proposals, and must be given decision-making power before investing millions and years on feasibility studies and master plans. Climate Citizen Assemblies in Europe or Participative Budgets in Barcelona are a good example.
- Radically transparent processes: Public infrastructure is paid by tax money, and therefore, it must be accountable under public scrutiny. Anyone should be able to go online and access a public contract, check all the proposals, who won, why and how the proposal compares with the actual project (and budget). Governments must publish monthly progress reports on every infrastructure project, explaining the rationale behind delays or budget deviations, and penalizing contractors that do not adhere to the contracts. All of this with simple and clear language. The most universal and recent example is the pandemic, where we could all see the monitoring and publication of real-time information with accessible and engaging language. We have the digital tools for this but governments have to commit to it.
- Align the investment in infrastructure with social impact and sustainability objectives: Instead of building just out of inertia, political interest or economic reasons, we need the investment in public infrastructure to be coherent with social, environmental and economic objectives of a community or a country. Each public work, given its magnitude and ecological footprint, represents a huge opportunity to advance (or recede) in the transition towards a more sustainable and just society. Infrastructure must be evaluated using indicators that show their necessity, how they benefit society and their coherence with climate action plans. Almost every country has, or at least pretends to have, a plan to achieve net zero emissions in the near future. Most of them keep planning and building infrastructure that moves them away from that target, such as airport extensions or the destruction of natural areas for urban development. Governments must break this cycle of public investment based on obsolete development models and face that climate change consequences, already here, require new infrastructure, decentralized, more versatile, more adaptive, greener. Engineers must understand that “doing nothing” is also a valid option, and that infrastructure demolition is going to be more glamorous than any shiny project.
Thanks for reading, once again. The two-year anniversary of this project just passed, and I have a long list of topics I would like to cover in the next few months. See you in two weeks.
Take care,
Jose
Civil (II)
Welcome back Jose. Feliz año.